El 24 de marzo de 1976 enmarca el título de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Una cicatriz tan profunda que sus efectos subsisten en la cultura, la economía, la sociedad y el Estado argentino. Si la historia la escriben los que ganan, también al Estado lo moldean quienes han salido victoriosos de las batallas históricas. Así, entre Nebbia y Jessop, intentaremos recorrer algunos rezagos del golpe en la Argentina hasta el día de hoy.
Un acontecimiento que por lo violento y sistemático, se ubica a la altura de la Conquista del Desierto; y que significó el aniquilamiento de aquellas personas y estructuras que -para el régimen vigente en aquel entonces- estorbaban al modelo de país que intentaba construirse.
Un repaso obligado
Corría el año 1973 y el Estado de bienestar empezaba a claudicar. Las caídas en las tasas globales de ganancias, las invasiones entre Irak e Irán —y el bloqueo estadounidense a este último—, el golpe de Estado a Allende en Chile de la mano de Augusto Pinochet, y la vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina eran solo algunas de los eventos que transcurrían en el primer lustro de la década de los ‘70.
Por esos años, la crisis política estadounidense —producto de la derrota en Vietnam y el Watergate—, que decantó provisoriamente en la llegada al poder de James Carter, repercutió contra cualquier plan emancipatorio que hubiera en el mundo occidental. El recrudecimiento de la Guerra Fría tampoco permitía avizorar paz en el horizonte cercano.
Mientras tanto, puertas adentro de la Argentina y la salud de Perón empeorando hasta su deceso, los ánimos se notaban igual de caldeados, casi como contagiados por un clima de época. Esa tensión mostraba el trasfondo de los sectores que se debatían el legado del peronismo y la conducción del Partido Justicialista.
En sus extremos estaban: la fuerza paraestatal “Alianza Anticomunista Argentina” (AAA, de la mano de López Rega) y Montoneros, con un abismo ideológico que los separaba, y a la vez los encontraba en una lucha armada que pronto revestiría ribetes dramáticos.
Fue así que, en medio del colapso del plan económico de María Estela Martínez de Perón, surgió un nuevo golpe de Estado en Argentina. Afortunadamente, el último. La Junta Militar condujo al helicóptero que transportaba a “Isabelita” hacia el aeroparque Jorge Newbery, donde le comunicaron que «las Fuerzas Armadas se han hecho cargo del poder político y usted ha sido destituida”.
Cabe destacar que la dictadura eclesiástico patronal cívica y militar tomó como una de sus misiones de gobierno el “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo”. Podríamos abocarnos por horas a analizar qué significaba esto en 1976, y qué otros significados fue asumiendo a medida que la dictadura avanzó. Por ahora, nos limitaremos a analizar algunos aspectos económicos que fueron claves para la Junta Militar compuesta por Videla, Viola, Galtieri y Bignone; y cuyos efectos aún hoy subsisten.
El Estado que nos dejaron
Cuando terminó este proceso “de reorganización nacional” de 7 años, 8 meses y 16 días, nuestro país tenía sembradas las condiciones para excluir a varios sectores de la sociedad, fenómeno que se empezaría a notar más masivamente a medida que avanzaron las décadas. El proyecto de país que se impuso desde el gobierno de facto, tuvo características que vale la pena recordar.
La desindustrialización fue uno de estos procesos que, «exitosamente», abordaron los represores. Atados a un contexto internacional en el cual la moneda norteamericana se debilitaba, había saldos de divisas en todo el mundo que buscaban destino; Argentina, entre 1976 y 1983, fue uno de ellos.
Ya había comenzado a masificarse el modelo de Estado neoliberal, y no fuimos la excepción. Esto generó que ingresaran a nuestro país cientos de millones de dólares mensualmente. Así, Argentina pasó de acumular una deuda externa de U$S 9501 millones en 1976 a totalizar U$S 46.108 millones al final de la dictadura: un aumento de 385% en esos siete años de gobierno militar.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial
Todo ese dinero que ingresó fue bajo una nueva modalidad que llegó a América Latina luego del golpe y la destitución de Salvador Allende en el país vecino: el neoliberalismo y la especulación financiera. Especulación que significó un golpe a la inversión productiva en nuestro país, todo bajo el paraguas de una institución creada para tal fin, la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), y luego la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382).
Esta última normativa aún sigue vigente, junto a otras 417 que fueron sancionadas durante la última dictadura; como la Ley de Entidades Financieras, la cual entre otras cosas garantiza la jubilación sin aportes para los sacerdotes luego de 5 años de ejercicio. También siguen vigentes leyes que regulan la estructura aduanera y la conformación de la justicia.
Más de 2.000 leyes fueron sancionadas por los militares en esos 7 años, en un país sin Poder Legislativo y a merced de lo definido por los 3 representantes de cada fuerza que conformaban la CAL.
Sobre esta Comisión en particular, la doctora en Ciencias Sociales por FLACSO, Paula Canelo, se refirió afirmando que “la creación de un órgano de consulta jurídica es una muestra de que la dictadura argentina del 76 se proponía modificar o refundar las relaciones sociales. No hubo otra dictadura (en Argentina) que tuviera un órgano de gobierno formado especialmente para hacer leyes”.
De esa manera, se perfeccionaron los métodos de debilitación social que habían sido empleados en pasados intentos de represión sistemática de las pasiones independentistas, emancipadoras, insurreccionales o “subversivas”; esta última como herramienta lingüística que define una versión distinta de la realidad, construida por y para “lxs de abajo”, como propone Juan Carlos Monedero.
La dictadura diseñó procesos inéditos, aprendiendo de experiencias que podrían considerarse como antecesoras en sus métodos y objetivos: las autodenominadas Revolución Libertadora y Revolución Argentina.
En ese sentido, se perfeccionó todo un aparato construido e instruido para destruir cualquier expresión colectiva que pudiera considerarse peligrosa para los objetivos “nacionales”. Pero también, para fundar los cimientos de una sociedad con características mayormente neoliberales e individualistas, como la que hoy nos encuentra. Echar por tierra la noción y el concepto de organización social -o el estereotipo de sujeto organizado-, para darle lugar al concepto de desarrollo personal, desarticulado de su entorno y sus problemáticas.
“Intelectuales, artistas, el periodismo progresista y las juventudes comprometidas políticamente —cuenta Sebastián Carassai en su libro “Los años setenta de la gente común”— hacía varias décadas atacaban peyorativamente hacia un modelo de individuo que ya existía: la clase media argentina”.
Y este ser desmovilizado, desclasado para esa época, ajeno a discusiones, debates y disputas fue el modelo de una nueva propuesta de sociedad que quedó enquistada en la retina de quienes sobrevivieron airosos al terrorismo de estado, y se repitió incesantemente: “Algo habrán hecho”.
Si la historia la escriben los que ganan,
esto quiere decir que hay otra historia.
La verdadera historia, quien quiera oír que oiga.
Lito Nebbia, 1992
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Bob Jessop, un académico y sociólogo británico de renombre en cuanto a los estudios contemporáneos, reconoce en los Estados modernos estructuras que son producto de batallas históricas que ha librado cada pueblo en el interior de las mismas. Pero, como dice Lito Nebbia, la historia la escriben los que ganan.
Es, entonces, una consecuencia que en nuestros tiempos las estructuras estatales se conformen de vísceras patriarcales, misóginas, que no contienen a las disidencias étnicas, sexuales o de géneros. Incluso la aporofobia es una característica importante de las administraciones actuales: eso también explica que en Argentina haya hoy decenas de miles de personas sin hogar, despojadas de toda posibilidad de ascenso social, expulsadas a la miseria. Y no hubo ningún proyecto democrático que haya podido dar fin a estas taras.
También es cierto, explica Jessop, que estos estamentos a veces se comportan a favor de las mayorías, de aquellas personas estructuralmente excluidas. Es que la correlación de fuerzas va guiando el accionar de los gobiernos para poder sostener la legitimidad obtenida mediante los mecanismos democráticos. Allí están las batallas de ayer y de hoy.
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