Entre la expoliación y la lucha, la cooptación y el desarrollo organizativo: la cruenta historia contemporánea del campesinado paraguayo. Desde su identificación con el Partido Colorado, pasando por la Reforma Agraria de la dictadura de Stroessner y el trabajo de base de la iglesia católica y el trotskismo heterodoxo hasta el gobierno de Fernando Lugo.
El campesinado es el sujeto social primordial de la nación paraguaya. Como lo explica Oscar Creydt en su libro Formación histórica de la Nación Paraguaya (2007 [1963]), “sobre la base de la chacra guaraní modernizada con la técnica europea y la cría de ganado en pequeña escala, emergió algo nuevo”. Vale decir, el Paraguay nace con el surgimiento de la “formación económica original” de esta sociedad colonial: la chacra guaraní hispanizada.
De allí en más, el campesinado siguió siendo el sujeto relevante de la colonia; en las fundaciones de pueblos como en la defensa del territorio contra las tribus chaqueñas o como freno al expansionismo portugués; también lo fue en el período independiente en que se convirtió en milicia y salvaguardia de los primeros gobiernos soberanos; así como también, durante el lustro trágico de la Guerra contra la Triple Alianza, siendo el sostén de la resistencia al invasor por cinco años (Creydt, 2007; Maestri, 2014).
Tras la recolonización imperialista del país, el campesinado no casualmente fue el principal perjudicado por la privatización de las tierras y su otorgamiento a los latifundistas; el más castigado por el régimen de semi-esclavitud que impusieron las empresas forestales extranjeras y su economía de sifón. Los campesinos se convirtieron en mensualeros para la explotación de los quebrachales del Chaco o en los grandes establecimientos yerbateros, proletariado rural que trabajaba años sin poder saldar sus deudas de enganche, es decir sin poder devolver el dinero que les otorgaban los capataces con la firma del contrato de conchabo (Barrett, 1978).
Como sistema económico afín al régimen de las dictaduras conservadoras del Partido Liberal, estas formaciones de carácter extractivista entraron en decadencia hacia la década del 30 y ya con el fin de la Guerra del Chaco (1935) quedaron obsoletas. Después de la Guerra del Chaco se manifiesta una crisis en la situación social. Empiezan a proliferar las pequeñas unidades campesinas y la base de producción no pasa por la gran explotación forestal ni aún por la agricultura comercial sino por las fincas con chacras dedicadas a la agricultura familiar; surgen las comunidades campesinas. Esto concuerda con la decadencia del régimen liberal, de la que la experiencia trunca de la Revolución de Febrero y la restauración liberal en clave bonapartista del gobierno de José Felix Estigarribia son prueba fehaciente. La crisis se extiende por décadas y se resuelve a sangre y fuego en la guerra civil del 47 (ver Pastore 2013).
En los años previos a esta conflagración gran parte del campesinado minifundista de la región central del Paraguay fue acercándose a la Asociación Nacional Republicana (ANR), partido tradicional que por entonces llevaba varias décadas en la llanura, desligado del gobierno. Con la caída de los “Tiempistas” (seguidores de una facción fascista cuyo órgano de prensa era “El Tiempo”) y del gobierno militar, el ascenso del Partido Colorado (denominación popular de la ANR por su color y emblema partidario) al co-gobierno de la dictadura de Higinio Morinigo (1940-1948) afianzó su base política en el campesinado. De estos cruces el Partido Colorado forjaría sus principales grupos de choque: los Macheteros de Santaní o los famosos Pynandi, milicias paramilitares campesinas vinculadas al Guión Rojo (ala totalitaria y populista de la ANR) dirigida por el gran intelectual Natalicio González. Pero más allá del devenir de estos sectores, de su participación en los sucesos de la Guerra civil de 1947 primero y de la pelea fraccional después, lo cierto es que en aquella coyuntura se hace visible la identificación del campesinado con el Partido Colorado. Eso será, una vez dirimida la pelea fraccional entre colorados, uno de los ejes discursivos y políticos de la dictadura de Alfredo Stroessner.
El populismo de Stroessner era explícitamente agrario y buscaba apoyo entre los pequeños agricultores con la promesa de entregarles tierras. Tan fuerte fue la identificación política del campesinado con el régimen stronista que este lo convirtió en un aliado fundamental en la represión desatada contra los opositores del régimen hacia fines de la década del 50. El fracaso de las incursiones armadas de los grupos guerrilleros conocidos como el Movimiento 14 de mayo (M-14) y del Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA) estuvo signado por el total rechazo a estas organizaciones por parte de los campesinos de la región. La labor de la represión del General Colmán estuvo apuntalada a su vez por grupos de tareas formados por campesinos al servicio del régimen, lo que daría inicio al poder de los jefes seccionaleros en la dictadura. Así pues, tras la terrible represión acontecida en el Guairá y en Las Cordilleras, las comunidades campesinas quedaron bajo el control efectivo de los sargentos de compañía, hombres de confianza de la dictadura.
Pero no solo se trata de efectividad represiva. La dictadura stronista, a los 3 años de hacerse con el poder, ordenó la creación del Instituto de la Reforma Agraria (IRA) que estableció, hay que decirlo, cientos de miles de nuevos propietarios rurales, acrecentando la base política del régimen. La estrategia rural de Stroessner tenía dos niveles. Uno, el discursivo, abordaba al campesinado con el lenguaje de la victimización y la emancipación nacional. Reconociendo la realidad del sufrimiento experimentado por las masas campesinas. En ese sentido usaba un lenguaje de identificación con el pueblo que era a su vez bastante parecido al de los teólogos de la liberación. Y otro en el plano organizativo, ya que que mientras alentaba este discurso agrarista combatía las organizaciones comunitaristas de base, potenciando el culto a los líderes y a su propia figura. Stroessner igualó la Reforma Agraria con esa narrativa de liberación e inclusión y “su máximo exponente, Juan Manuel “Papacito” Frutos, estuvo encargado de fundar asentamientos personalmente, llevando a cabo ceremonias espléndidas en las que, adornado con pañuelos rojos y banderas coloradas, repetidamente declaraba su guerra a los latifundistas” (Hetherington, 2015).
Estas expropiaciones a la oligarquía fueron un cuento porque en realidad eran tierras obrajeras de latifundistas extranjeros que habían estado ligadas a los gobiernos liberales y que hacía años ni explotaban efectivamente sus establecimientos ni tenían rédito alguno por ellos sino que, al contrario, debían grandes sumas al Estado en concepto de impuestos. Tierras ociosas que podían ser expropiadas sin inconveniente pues no se trataba más que de vastos montes hasta entonces solo habitados por tribus kayguáes. Con lo cual, el régimen encontró una poderosa mentira para combatir el comunismo, siendo adalid de la Reforma Agraria sin hacer enojar a los sectores de la oligarquía ganadera, verdadera dueña del poder.
En 1962, tras la derrota de la última gran huelga de la Liga de Obreros Marítimos (LOM), reprimidos por la Marina, la reforma agraria llegó a su fin creándose el Instituto de Bienestar Rural (IBR) con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la agricultura. En realidad el único interés de esta institución fue expandir la frontera agrícola y llevar adelante el plan de Stroessner: la gran marcha hacia el este. Esta tenía como fin una alianza estratégica con el Brasil. En el plano económico fue significativo: la construcción de la central hidroeléctrica Itaipú, la más grande del mundo por muchos años y el desarrollo de un gran nodo urbano, emporio del comercio legal e ilegal: Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este.
La existencia de esas colonias fronterizas era un primer paso para la sujeción social del campesinado puesto que todas estas comunidades eran vigiladas de cerca por una oficina del IRA, o el IBR después, y a medida que crecían se le sumaba una seccional colorada para administrar el clientelismo y la prebenda y mantener a raya a los díscolos y a los enemigos del gobierno. La era del bienestar rural y el desarrollo era en realidad el principio de la entrega del territorio nacional a propietarios extranjeros y también la entrega de más tierras a militares y personeros de la dictadura. Un personaje harto conocido por todos, el empresario sojero Tranquilo Favero, Rey de la Soja, fue uno de los principales beneficiarios de esta política.
En esta coyuntura, durante los 60’ se inicia la etapa de reorganización del movimiento campesino paraguayo; de la mano de un sector de la iglesia católica e influido por la Teología de la Liberación, el Grupo Expa, que construyó una pedagogía política basista entre comunidades campesinas y vinculó una idea de pobreza y sufrimiento con una narrativa redentora de lucha contra la tiranía. Este grupo de sacerdotes y jóvenes laicos vinculados a estos por la UCA (Universidad Católica de Asunción) formó las Ligas Agrarias Cristianas, en coincidencia y como respuesta a la implementación de un programa de la Alianza para el Progreso que repartía comida y ropas usadas en el campo, creando los famosos comités a sólo efecto de destruir la autonomía de las comunidades y la vida comunitaria. A través del programa fueron identificados los campesinos más leales al gobierno,que se convirtieron en pyragues (delatores al servicio del régimen, algunos empleados a sueldo; otros colaboradores entusiastas, agentes gratuitos, militantes stronistas; otros delatores impulsados por el miedo) . Ese sistema de delaciones prohijó la maquinaria más efectiva de la dictadura en 35 años: la maquinaria de la represión y el control político de la sociedad.
Las Ligas Agrarias Cristianas se desarrollaron, pese a todo, y se expandieron. Se hicieron fuertes en Misiones, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Caaguazú y otros departamentos (ver Caravias 1975). Mas, cuando fueron identificados, todos sus líderes acabaron presos; los agentes de la represión, auxiliados por los pyragues, establecieron nexos reales y ficticios con otros sectores en lucha contra la dictadura y así advino el terror stronista con su secuela de cárcel, torturas, desapariciones y asesinatos que terminaron con la masacre de Abraham Cué, Misiones en 1976. Los compañeros que fueron a la cárcel salieron después de 5 o 7 años, destruidos por la tortura, en tanto que los sobrevivientes emigraron a otros departamentos del país e intentaron permanecer a salvo de los pyragues.
En esta coyuntura, las tierras comunitarias se obtienen a costa de mucha lucha y mucha sangre, como fueron los casos de la comunidad de San Isidro del Jejuí, de San Pedro, donde resultaron heridos muchos compañeros, entre ellos el Pa’i Maciel de las Ligas, o el caso conocido como Caaguazú, que trata de un grupo de sin tierras provenientes del kilómetro 37 Acaray, encabezados por Victoriano Centurión, que se trasladaba en bus destino a Asunción para exigir tierras y fue emboscado en Caaguazú, con el triste resultado de varios muertos y heridos y gran cantidad de detenidos. Centurión pudo escapar y salió al exilio del que volvió recién tras la caída de la dictadura. También tenemos el tristemente célebre caso Tavapy 2 o Malvinas, hoy Minga Porä, tierras que fueron ocupadas y conquistadas en época de Stroessner. Ya en los 80, de los remanentes políticos que escaparon a la represión de las Ligas, resurgen las organizaciones departamentales, organizaciones campesinas como ASAGRAPA, la CRAI, ACCA, CODAA, entre otras. La organización a la que estoy vinculado, la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (ASAGRAPA) surgió efectivamente hacia 1982. Justo para la época se anunciaba la venida del Papa Juan Pablo II a Paraguay y fue un momento oportuno para utilizar esa visibilidad y hacer presente sus reclamos. Usando como pretexto la llegada del máximo pontífice de la iglesia católica, los compañeros empezaron la coordinación para la redacción de una carta que se entregaría al Papa. Ese proceso de coordinación duró años hasta que llegó el visitante. Los compañeros organizaron la campaña de coordinación nacional de agricultores que luego se convirtió en la Federación Nacional Campesina (FNC) pero pronto surgieron diferencias ideológicas y programáticas con los sectores de la actual dirección de la FNC y volvieron a su antigua organización departamental.
En 1989 la organización ocupó un predio de tierras fiscales en el kilómetro 34 de la ruta 7, distrito de Minga Guasú. La primera ocupación fue en marzo del 89, un mes después de la caída de la dictadura. Esta ocupación duró 56 días y fue desalojada por la Marina, acción acompañada por el Pa’i Coronel, ex asesor espiritual de Stroessner y usurpador de esas tierras. Meses después, los compañeros retornaron al lugar y resistiendo cinco órdenes de desalojo la lucha triunfó. Finalmente la tierra fue expropiada en 1996 por Ley de la Nación. Sin embargo, hasta el día de hoy continúa la pelea jurídica por la nulidad del título, sosteniendo los compañeros que la tierra es de origen fiscal y que no deben ser entregados los títulos de propiedad individual sino el de propiedad comunitaria. La comunidad El Triunfo es un lugar ya reconocido como comunidad campesina en oposición al mote de colonia que se le dan a estos establecimientos campesinos desde el poder; como tal, es motivo de estudio y de investigaciones.
Antes como después de la ruptura con la FNC, durante todos los gobiernos colorados, la política de esta organización, dirigida por trotskistas heterodoxos, ha sido la misma; la unidad del movimiento campesino. Unidad que entienden, no como disciplinamiento a un mando único sino como espacio de coordinación para la resistencia manteniendo como alegato en favor de las pequeñas organizaciones las asambleas democráticas y el respeto de las decisiones autónomas de las organizaciones. Así, por supuesto, lo entendieron al ingresar a otros nuevos reagrupamientos: por ejemplo la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Esta experiencia tampoco duró mucho tiempo, más que nada debido a la adaptación al régimen ya que algunos dirigentes pretendieron usar la organización como aparato de gestión y no de coordinación de las luchas del campesinado. Esta política fue la principal asistente del descalabro económico y político de los 90. La burocratización de la dirigencia y la falta de cuadros de recambio acrecentaron el descredito entre las masas campesinas que se rendían por esos años ante los cantos de sirena del líder autoritario y mafioso Lino Cesar Oviedo y su programa de ultraderecha populista. Todo este proceso confluyó en las batallas del Marzo Paraguayo, donde la participación del movimiento campesino, aunque dividido, tuvo un protagonismo compartido pero relevante en las jornadas.
Como vimos, la creación del Instituto de Bienestar Rural (IBR) en 1963 se complementó con la reforma del Estatuto Agrario que permitió la entrega de tierras a ciudadanos brasileños en zonas de frontera seca que antes estaba prohibida por ley y que con el Plan de Colonizaciónse aceleró. De este tiempo data también el Plan del Trigo que introdujo el capitalismo agrario en el Paraguay (ver Barreto 2013). Los “farmers” brasileños gozaban de un acceso a la tecnificación agrícola y a un sistema de crédito imposible para los campesinos paraguayos, lo cual repercutió en el desigual desarrollo productivo de las propiedades brasileñas respecto de los campesinos paraguayos o indígenas. Pero ya sea bajo una supuesta Reforma Agraria que paradójicamente considerara a latifundistas brasileños como sujetos de la reforma o bajo las otras –variadas– formas de apropiación de “tierras mal habidas”, la posibilidad de obtener grandes extensiones de propiedad traspasando apenas la frontera con Paraguay constituyó un factor de reanudación de la política de fronteras móviles del expansionismo brasileño.
Como vimos, la Reforma Agraria stronista se realizó mediante la ampliación de la frontera agrícola, entregando las tierras de los viejos obrajes y yerbales que esas explotaciones caducas habían devuelto al Estado, como así también de las selvas vírgenes que permanecían inexploradas. Este proceso se caracterizó por una fuerte penetración de capital y de nuevas tecnologías tanto a nivel productivo como en el de transformación y comercialización de productos impulsados por políticas gubernamentales y organismos internacionales. El incremento de capital y financiamiento privado de los nuevos sistemas agrarios, como se sabe, forjó una dependencia progresiva hacia una cadena compleja de producción con los centros de poder y decisión fuera y por encima de la agricultura.
Con esta modernización conservadora se produjo de facto una contrarreforma agraria cuyo objetivo principal fue estimular el agronegocio en detrimento de la producción de alimentos, aumentando así el volumen de las exportaciones de materias primas en detrimento del abastecimiento del mercado interno. La marcha al este de la economía paraguaya configuró una nueva relación de sometimiento económico del Paraguay hacia Brasil, siendo éste último ya no meramente un auxiliar del imperialismo yanqui en la región sino convirtiéndose en una nueva potencia económica regional.
La estructura económica latifundista fue reactivada con verdadera agresividad de bandeirante pues logró grandes incrementos de capital a costa de la desposesión de las comunidades campesinas y del desastre ecológico. Hace varios años ya que la economía paraguaya subsidia, por la exportación de la plusvalía, el saqueo de las riquezas naturales y las pérdidas en el intercambio, la economía del Brasil. Para los setenta, Bartomeu Melià (1997) ya consideraba la presencia de Brasil en los departamentos paraguayos que le son fronterizos como “un laboratorio de extensión colonial”. La ocupación de tierras por brasileños originó un nuevo tipo social, los brasiguayos, que ya cuentan con nuevas generaciones, Aunque los datos oficiales muestran que hay 300.000 brasileños en el Paraguay, los hijos de los brasileños nacidos en el país, oficialmente paraguayos, crecen en el marco de un Estado dentro de otro Estado, mantienen el portugués como lengua materna y se desarrollan en un hábitat cuyas pautas culturales siguen siendo brasileñas.
Desde 1962 a la fecha, el Estado no creó un sólo loteamiento de tierras para campesinos pobres; todos los existentes fueron resultantes de ocupaciones y conquistas del campesinado. Y eso que, según datos del Informe de la Comisión Verdad y Justicia, existen unos 7 millones de hectáreas de tierras públicas que deben ser recuperadas para el campesinado paraguayo. En el año 2002 se produjo un nuevo ascenso de la marea histórica en el Paraguay. Este ascenso se expresó en el campesinado con la creación de un organismo de lucha que fue el Congreso Democrático del Pueblo. Este organismo de lucha desató una enorme movilización de masas y, a través de ella, el pueblo paraguayo derrotó la política imperialista que quería meter la Ley Antiterrorista y la Ley de Privatizaciones que ya estaban con media sanción en el parlamento. Ese ascenso del movimiento, por su parte, continuó y se desarrolló de diversas maneras, se templó en diversas luchas y manifestaciones hasta el año 2008 y fue el motor fundamental de la campaña que llevó a Fernando Lugo a la presidencia de la Nación.
Pintura de portada: Enrique Collar
