El último trimestre del año arrancó convulsionado y violento en América Latina. A principios de septiembre, en Paraguay, las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) asesinaron a dos niñas argentinas que, en una primera versión oficial, quisieron hacer pasar por jóvenes guerrilleras del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Contradicciones, quema de pruebas, una guerrilla de la que poco se sabe y un presupuesto estatal que asusta.

El 2 de septiembre empezaron a suceder en Paraguay una serie de eventos, cada uno más preocupante y aberrante que el anterior. Dos niñas argentinas de 11 y 12 años llamadas Lilian Mariana y María Carmen (o Aurora, como le decía su abuela), fueron asesinadas por la denominada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El operativo se llevó a cabo en Yby Yaú, departamento de Concepción, al norte del país vecino. Más de uno lo percibió como el montaje de un supuesto campamento de la organización Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Desde aquel día, se empezaron a generar versiones y más versiones acerca de la edad de estas niñas, sobre el rol que según la FTC ocupaban en la milicia del EPP, y de las características del lugar de dónde provenían. Lilian y Aurora nacieron en Argentina, y se criaron en una chacrita de Puerto Rico, Misiones. Vivían la vida que su abuela, Mariana de Jesús, junto a dos de sus hijas, les podían garantizar. “Se iban a la escuela, hacían también los quehaceres en la casa, las preparábamos ya para el futuro, para que puedan estar en condiciones de estudiar, de seguir formándose. Ese fue nuestro ideal, nuestro sueño, y se nos truncó”, contó, dolorida, la mujer.

Pero llegó el día en que las niñas quisieron conocer a sus padres, quienes forman parte del EPP, en Paraguay. Y hacia allá partieron en diciembre, de manos de una tía. En marzo, cuando planeaban la vuelta a casa para retomar sus actividades escolares, el Covid-19 aterrizó en la región sudamericana. Esto motivó el cierre de fronteras, lo que explica que las menores no hayan podido volver.

“Desde que ellas se fueron ya no tuvimos más contacto”, contó el lunes siguiente por la mañana Miriam, madre de Lilian Mariana, a medios locales misioneros. “Sí sabíamos que estaban bien”, agregó. Debido en gran parte a la pandemia, las niñas pasaron más tiempo de lo esperado en Paraguay, escenario nebuloso para contrarrestar las versiones en pugna sobre sus ejecuciones. “Las circunstancias no son claras”, comentó Cecilia Rodrigues, miembro del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género. Es que, apuntó Rodrigues, en el pasado, muchos de los denominados “operativos exitosos” de la FTC “terminaron siendo puestas en escena”.

Versiones encontradas y quema de pruebas

Las versiones oficiales indican que los asesinatos se produjeron en medio de un enfrentamiento armado en lo que parecía ser un campamento ocupado por miembros del EPP. Para sostener esta idea, desde el gobierno paraguayo y los medios de comunicación locales, se difundieron imágenes de ambas niñas vistiendo trajes de camuflaje, como listas para participar en tareas de entrenamiento o de combate dentro de la guerrilla.

Pero automáticamente la familia descartó esta hipótesis: fue la propia Miriam quien distribuyó e intentó “hacer viral” la foto mencionada. ¿Por qué? Los uniformes que, supuestamente, vestían las dos únicas víctimas del “operativo exitoso” de la FTC, estaban limpios, planchados y sin manchas de sangre. No parecían formar parte de la escena en la que Lilian y Aurora recibieron los disparos que -según los dichos del gobierno- les habrían causado la muerte. A partir de esos datos incompletos, el mismo presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, construyó sus especulaciones y visitó el lugar vistiendo un chaleco similar al que utilizan los miembros de la FTC.

Pocos días después, se supo que los efectivos de la FTC quemaron los uniformes sobre los cuales se presentaban sospechas, bajo la excusa del protocolo sanitario. Desde ahí, pocas fueron las razones que le quedaban a la familia de las niñas para sospechar que las muertes se habían producido de la manera descrita. Incluso, la madre señaló en una posterior rueda de prensa que “a las niñas las agarraron vivas y las torturaron”, hipótesis que manejan tanto la familia, como algunos organismos de DD.HH.. Es decir: se presume, según esta línea de investigación, que a las niñas las mataron porque “se les fue de las manos”, puesto que habrían sido capturadas para poder presionar a sus padres, que militan en las filas del EPP.

La situación respecto a los cuerpos de las niñas no fue menos manoseada que todo el resto del proceso: primero hablaron de mujeres, de jóvenes mayores de edad, luego ocultaron sus edades o las “inflaron”. Pero se constató que eran Liliana y María Carmen, especialmente por la intervención de Daisy Irala, abogada de Cármen Villalba, la tía de las víctimas.

Aunque le prohibieron entrar a la instancia de reconocimiento posterior a la exhumación de los dos cuerpos, que habían sido depositados en cajas y como “NNs”, Irala pudo lograr que el forense del Ministerio Público Fiscal paraguayo, Pablo Lemir (conocido también por su cuestionado dictamen forense sobre las 17 personas asesinadas en la masacre de Curuguaty, en el año 2012), admitiera que ambas tenían sólo 11 años de edad.

Las FTC y el escenario de militarización paraguayo

La creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Paraguay ocurrió bajo el mandato del expresidente paraguayo Horacio Cartes. En 2013, Cartes sacaba a relucir sus acuerdos y contactos con el Estado israelí para conformar una nueva estructura de élite con el objetivo de librar una “guerra contrainsurgente”. Un gesto de militarización de la seguridad interna, ampliamente sostenida por el apoyo legislativo que el ejecutivo supo conquistar.

Un estudio académico realizado en 2016 por el trabajador social e investigador paraguayo Abel Irala, analiza la legalidad de este viraje de poder para las Fuerzas Armadas paraguayas, que les permite intervenir en la seguridad interior del país. En sus conclusiones, el autor desarrolla argumentos que cuestionan la constitucionalidad de este intento de establecer un “Estado de sitio permanente”. Incluso, Irala proporciona un aporte del exministro de defensa del Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, Luis Bareiro Spaini:

“El cambio que se opera en la doctrina militar, direccionada nuevamente hacia la “seguridad interna”, para combatir al “enemigo interno”, y el previsible aumento de los problemas relacionados con violaciones de los derechos humanos, afectando a la propia institución castrense, origina un proceso de “desprofesionalización” de las Fuerzas Armadas, con riesgo de transformarla en un “cuerpo de gendarmes”, de similares características a los cuerpos de seguridad empleados por las dictaduras militares de un pasado reciente. Todos estos factores deterioran la calidad del sistema democrático de un país. La tendencia a utilizar a las Fuerzas Armadas en misiones o funciones de carácter policiales constituye una regresión hacia modelos autoritarios ya superados en la región y el continente.”

Lo cierto es que la estrategia de Cartes, luego reforzada por el actual presidente Abdo Benítez, significó una puesta en cuestión de las garantías constitucionales y del acceso a los DD.HH. en Paraguay, circunstancias que hoy en día están a la vista.

Por otro lado, de cara a los conflictos aún latentes en el territorio del país vecino, no queda clara la efectividad de las fuerzas de élite, que tienen destinado un presupuesto cercano a los U$S 15M anuales y del cual no rinden cuentas. Paraguay tiene un sistema democrático debilitado, donde las instituciones del Estado son escasas, y cuyo sistema impositivo se condice con la inexistente posibilidad de acceder a la información pública. Por eso, llama la atención la ostentosa inversión monetaria dedicada a las fuerzas de seguridad.
Durante la gestión de Cartes, el presupuesto que reciben estos cuerpos armados creció brutalmente: mientras que en los 5 años de su gobierno (2013-2018) el dinero destinado a las carteras ministeriales de Educación y Ciencias y Salud apenas aumentaron un 26% y 41% respectivamente, los fondos disponibles para financiar a la FTC se incrementaron en 950%.

***

Mucho temor y bronca nos trae el nombre “Fuerza de Tarea Conjunta”. Son palabras que nos remiten a tiempos de dictadura y abuso de poder militar en toda la región latinoamericana. Pero mucha más preocupación nos debe producir la impunidad con la que operan estas brigadas actualmente, en días de democracia, con el fin de imponer la mano dura como forma de gestionar la seguridad en nuestros territorios. Nunca más es nunca más.

 

Arte: Diseño de Emmanuel Schönfeld Estani a partir de una foto de Marcos Otaño.